La internación de Milagro Sala generó revuelo en las últimas horas. La dirigente social fue trasladada este lunes de su domicilio de San Salvador de Jujuy hasta un sanatorio de San Salvador de Jujuy, dondequedó internada por una trombosis venosa profunda.
Sin embargo, esta noche se conoció que la internación ocurre a horas de que la justicia definiera si Sala debía volver a la cárcel común. Además, desde el gobierno de Gerardo Morales aseguran que el dueño de la clínica Los Lapachos -que resolvió la internación de la dirigente-, es Manuel Quintar y fue candidato a diputado provincial por su lista que impulsaba Sala.
La dirigente debía acudir el martes a las 9 a la junta médica que iba a resolver su situación procesal. El grupo de médicos que iba a evaluarla estaba conformado por los médicos Ana Laura Molina y César Burgos; Pablo Groueix (psiquiatra), Mariana Otaola (psicóloga). Además iban a concurrir también los peritos designados por la acusación: los médicos Rodrigo Montes de Oca y Ricardo Alba, y la psicóloga María José Herrera. Y los propuestos por la defensa de Sala: el médico Jorge Rachid y el psicólogo Mario Burgos.
«Milagro está internada por un proceso que tiene que ver con una trombosis venosa profunda, según diagnosticaron los médicos que la atendieron», detallaron horas después desde el entorno de Sala, en relación a su estado de salud actual.
En tanto, la agencia Télam detalló que la dirigente, quien cumple prisión domiciliaria en su casa del barrio Cuyaya de San Salvador, había manifestado malestares desde hace dos días y que luego de realizarle una tomografía se resolvió su internación.
En redes sociales aparecieron los primeros mensajes dedicados a la dirigente. El primero de los referentes políticos en pronunciarse tras conocer las noticia fue Juan Pablo Schiavi. «La internaron a Milagro Sala de urgencia en terapia intensiva. Esperemos que su salud resista una vez más. Fuerza negra. Libertad para Milagro Sala», posteó el exsecretario de transporte de Cristina Kirchner.
La semana pasada, organizaciones sociales, gremiales y políticas se movilizaron al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para denunciar que Morales mantiene una presión sobre el Poder Judicial de Jujuy para que la dirigente social «vuelva a la cárcel».
Los manifestantes rechazaron lo que consideraron un «revanchismo» de parte del Gobierno provincial contra la líder de la organización Túpac Amaru, luego de que el Ministerio Público de la Acusación de Jujuy denunciara dilaciones en causas contra la dirigente.
Sala permanece detenida desde el 16 de enero de 2016 y tiene varias condenas en su contra. La más compleja es por el desvío de $60 millones originalmente destinados a la construcción de viviendas sociales, pero que desaparecieron. La investigación forma parte de una «megacausa», que investiga el desfalco de $700 millones entre 2011 y 2015, y que tiene imputadas a una veintena de personas más, incluyendo exfuncionarios provinciales.
La causa sobre el acampe fue por la que se ordenó su prisión preventiva, aunque posteriormente fue absuelta. En enero de 2016, cuando la Tupac Amaru tomó la plaza central de San Salvador de Jujuy en los primeros días del gobierno de Morales, la Justicia ordenó detenerla por «instigación a cometer ilícitos y tumulto».
En tanto, la Justicia la condenó a tres años de prisión por ser la instigadora a un huevazo contra el actual gobernador, cuando Morales era senador por Jujuy en 2009.