Castillo fue removido en la votación de un juicio político más temprano, horas después de anunciar que ordenaría por decreto la disolución del Congreso, una decisión que provocó dimisiones de ministros clave del gobierno y denuncias de un «golpe de Estado» por parte de miembros del Congreso.
Castillo había sido convocado al Congreso para que responda a acusaciones de «permanente incapacidad moral» para gobernar, en medio de varias investigaciones de fiscalía por presunta corrupción. El Congreso apuró la decisión y destituyó a Castillo con 101 votos a favor -con el apoyo e legisladores de derecha e izquierda-, seis en contra y 10 abstenciones.
Boluarte llega al poder para completar el actual periodo hasta el 2026. Es la primera mujer en ocupar la presidencia en Perú. La abogada de profesión estaba siendo investigada por el Congreso por una supuesta infracción constitucional, pero el Legislativo la absolvió esta semana de todos los cargos.
Castillo, un líder de izquierda que asumió al poder en julio del 2021, había anunciado un gobierno de «excepción», al tiempo que convocaría en el más breve plazo a elecciones legislativas, con facultades constituyentes, para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de nueve meses.
Hace tres décadas, el exmandatario Alberto Fujimori, actualmente preso por abusos a los derechos humanos y corrupción, ordenó también la disolución del Congreso, con similares medidas en torno al sistema judicial.
Varios legisladores de oposición consideraron la decisión de Castillo como un «golpe de Estado» e hicieron llamados a las fuerzas armadas para «restablecer el orden constitucional».
Además, todas autoridades del sistema judicial condenaron la decisión del exgobernante. «Es un golpe de Estado, un quebrantamiento del orden constitucional», dijo a periodistas el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales.
Imágenes de televisión local mostraron a un compungido Castillo sentado, junto a uno de sus funcionarios clave, en una habitación de la prefectura policial de Lima, hasta donde llegó luego la fiscal general, Patricia Benavides.