Fin de mes y muchos misioneros seguramente no contarán con los recursos suficientes para cambiar el transporte urbano (menos aun un interurbano) por un taxi o remís o UBER que, a pesar de no contar con autorización oficial, ya circula por varias localidades de Misiones.
Esta sería la segunda medida de fuerza que harán los choferes de UTA, luego de la primera huelga por 48 horas que generó un parate en muchas escuelas, y problemas para miles de trabajadores que buscaron cumplir con sus tareas laborales, en un momento de mucha dificultad para conseguir un empleo en Argentina.
El eje de la puja, que deja a los misioneros como al resto de los argentinos que utilizan este servicio por fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), es económica. Aunque aparecen choferes como los que impulsan los paros, los que terminarán beneficiándose también son las empresas de corta y media distancia.
Es que la cadena económica y de poder que se lucha, comienza con choferes pidiendo cumplir paritarias salariales como las que tuvieron en AMBA; sigue con empresarios que dicen no poder cumplir si no se les asignan mayores subsidios desde el Estado o aumentos de boleto que compensen a estos; y el Estado en la disputado entre provincias y la Nación por la distribución de esos subsidios.
Un reciente informe de la consultora chaqueña Politikon, muestra que Misiones fue la que menos subsidios al transporte logró sostener en los últimos meses. A diferencia de 2021, Misiones recibió este año 20% menos en el reparto general. Mientras un porteño recibió $4.897, un misionero obtuvo apenas $738.
En la reciente reunión que mantuvieron los gobernadores del Norte Grande en Santiago del Estero con el “súper” ministro Sergio Massa, le plantearon la necesidad de modificar el reparto de subsidios. Fue el mismo día que la UTA decretó el nuevo paro de 72 horas. Massa “pateó” para 2023 cualquier modificación presupuestaria con un compromiso de reasignar 85 mil millones de pesos para esta cuestión y otras.
Hay algunas versiones que alientan la suspensión de la medida de fuerza de 72 horas (de martes a jueves) a partir de la mera promesa de sumar más subsidios a las provincias fuera de CABA y conurbano bonaerense.
Sino, ¿la salida es un aumento de boleto a fin de año? Por ahora, en los ámbitos de decisión oficiales sólo se mostró cautela y no hubo opinión hasta ayer.
Mientras todo esto transcurre en la puja de dinero y poder, los perjudicados son los miles de usuarios que se quedan sin servicios y buscan opciones, aunque muchas de ellas queden fuera de su alcance.
Con paro, con otro “boletazo” o con más subsidios (que salen de las recaudaciones), siempre será el ciudadano el que “pague”, el que requiera resignación ante la impotencia de no tener alternativas.
Fuente: primeraedicionweb