Todavía aturdidos por la noticia que recibieron de boca del presidente Alberto Fernández, los exportadores de carne ya empezaron a hacer el control de daños sobre el cierre de sus ventas externas por 30 días que dispuso ayer el gobierno. Creen que la decisión impactará negativamente en ambos mercados: los exportadores perderán negocios en el exterior y, al mismo tiempo, no se reducirán los precios en el mercado interno.
Entre las empresas del sector ronda una lectura clara: el cierre de las exportaciones es un avance más de las políticas duras del kirchnerismo para combatir la inflación, las mismas que fueron empleadas durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con resultados ya conocidos. Entienden que la carne ha sido tomada como un producto testigo y que esta prohibición se pone en la fila de otras dos decisiones controversiales del Gobierno sobre el sector agropecuario: el intento de estatización de Vicentin para influir en el mercado granario y el cierre de las exportaciones de maíz anunciado el último día de 2020. En ambos casos, el gobierno debió dar marcha atrás. El proyecto inicial de la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti para expropiar Vicentin encontró muchas resistencias y la suspensión sobre el maíz solamente duró 10 días.
Nadie se atreve a arriesgar si la medida conocida ayer, en principio por 30 días, se volverá permanente o si el Gobierno “pegó primero para negociar después”. Dejó abierta una puerta al aclarar que “si se cumplen los objetivos” los 30 días podrían acortarse. Lo cierto es que la decisión lleva la impronta del ala dura del equipo económico, en la línea de los programas de control de precios o el congelamiento de las tarifas.