Mientras la Policía Federal interrogaba ayer al general de reserva del Ejército Gonçalves Dias, ex ministro del Gabinete de Seguridad (GSI) del Palacio del Planalto, sede de la Presidencia, que dimitió precipitadamente el miércoles tras la exclusiva de la CNN Brasil, el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre De Moraes destituyó al secreto oficial puesto en marcha por el gobierno de Lula por 5 años a las imágenes mostradas sólo en parte por la emisora.
En el breve vídeo, sobre un total de 166 horas de grabaciones a través de las 22 cámaras de seguridad del Planalto, se puede ver al general Dias durante la invasión bolsonarista del 8 de enero en una actitud absolutamente tranquila, a pesar de que el palacio estaba siendo saqueado.
Las imágenes muestran a manifestantes que pasan a su lado – Dias incluso les abre la puerta – y llama la atención ver cómo uno de ellos, con la cara tapada, incluso coge un extintor para romper un cristal sin que los militares reaccionen.
Otro funcionario del GSI incluso ofreció agua a los invasores.
De Moraes, pidió a la GSI que enviara todas las imágenes al tribunal y ordenó que la policía federal interrogara a todos los militares que aparecían en ellas. En el interrogatorio de ayer, que duró cinco horas, Dias declaró que aquel dramático día retiró a los extremistas, pero que no los detuvo porque estaba “a cargo de la gestión de crisis”. Añadió que no había sido informado del riesgo de actos violentos previstos para ese fin de semana debido a un “apagón del sistema de inteligencia” que no permitió “tomar las decisiones adecuadas”. Dias es el primer ministro del gobierno de Lula en caer. Apodado “Sombra”, por estar siempre cerca del presidente, ya sea en Brasilia, en viajes nacionales o internacionales, es uno de sus leales y trabajó para su seguridad en sus dos primeros mandatos (2002-2010) y también en el gobierno de Dilma Rousseff. El impacto de su dimisión – que habría sido forzada por el propio presidente, según rumores, recogidos por el sitio de noticias O Bastidor – a nivel político es enorme.
En primer lugar, Lula sale muy debilitado de este escándalo por la forma en que lo gestionó.
Haber puesto un secreto oficial tan largo alegando que “no era razonable” revelar las imágenes porque pondría en peligro los procedimientos de seguridad del lugar donde trabaja el presidente parece, en retrospectiva, una justificación endeble.
También porque, en cambio, el mismo gobierno había distribuido a la prensa, una semana después de los hechos del 8 de enero, unos vídeos editados que mostraban la devastación de los bolsonaristas, muchos con el rostro cubierto, dentro del mismo edificio.
La duda que ahora divide a Brasil y que tendrá que ser aclarada por los órganos correspondientes, es si las manifestaciones del 8 de enero fueron infiltradas al fin de una instrumentalización política, como ocurrió en el pasado en las manifestaciones durante el Mundial de Fútbol de 2014.
Y si hubo omisión por parte de quienes también eran responsables a nivel federal de contener la invasión. Sobre todo, será necesario entender si el general Dias traicionó a Lula al echar una mano a los bolsonaristas, o si no actuó, como era su deber, para permitir la devastación y, en consecuencia, facilitar el empoderamiento político de Lula en torno a un sentimiento de unidad nacional, ya que casi todos los brasileños, incluso la inmensa mayoría de los que votaron a Bolsonaro el año pasado, el 49,1%, sintieron repulsa por la violencia del 8 de enero.
Algunos aliados de la base gubernamental no ocultan su preocupación. “Estamos defendiendo al gobierno y luego aparece una grabación como esta”, dijo al diario Folha de Sao Paulo el diputado federal, líder del partido Solidariedade, Áureo Ribeiro, “parece que quisieron ocultar las imágenes por alguna razón, que debe ser aclarada”. Por otra parte, las declaraciones de Lula y Dias son divergentes.
Lula, según su ministro de Comunicación Social en la Presidencia, Paulo Pimenta, no sabia de esas imágenes porque “le dijeron que no existían.
Goncalves Dias le habría dicho que la cámara estaba rota”. Sin embargo, el general negó haber impedido que el presidente accediera a las imágenes y aseguró que todo el material fue distribuido a los órganos competentes que investigan las invasiones.
Pero, sobre todo, queda el misterio de su presencia en el Planalto que, según O Bastidor, Lula conocía.
Para el ex magistrado de la Lava Jato Deltan Dallagnol, hoy diputado, “a pesar de que el GSI era consciente del riesgo de manifestaciones, al igual que el ministro de Justicia Flávio Dino, ¿por qué el GSI dispensó al Batallón de la Guardia del Ejército Presidencial el mismo fin de semana del 8 de enero?”
En un comunicado oficial emitido después de que estallara el escándalo, la Presidencia declaró “que no habrá impunidad para los actos criminales del 8 de enero”, pero no se menciona a Dias. “Todos los militares implicados el 8 de enero han sido identificados y la investigación está en curso.
Ochenta y un militares, incluidos los de la GSI, ya han sido interrogados”. ¿Por qué el ministro no ha sido citado a declarar por las autoridades que investigan los hechos del 8 de enero? Junto con Dias, también crecen los interrogantes para el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Flávio Dino, que según la Constitución brasileña es el comandante de la Fuerza Nacional.
¿Verificó Dino personalmente el 7 de enero si sus hombres estaban preparados? ¿Y el 8 de enero? Después de ver en pleno día que la Explanada no contaba con refuerzos ¿qué medidas tomó?
La alarma de los autobuses que se dirigían a Brasilia por docenas desde todo el país había sido dada de antemano por la inteligencia brasileña, la ABIN.
Hace unas semanas, además, se revelaron algunos documentos en la prensa brasileña según los cuales Dino había pedido al gobernador del estado del Distrito Federal, donde se encuentra Brasilia, refuerzos sólo para la seguridad de los ferrocarriles de la capital porque la manifestación que ya estaba prevista sería manejada por las fuerzas federales.
Una demanda que, en retrospectiva, abre muchos interrogantes.