El juez de Instrucción 1 de la Primera Circunscripción Judicial, Marcelo Cardozo, reiteró ayer su orden de detención inmediata del funcionario de la delegación Posadas del PAMI, involucrado en la violación de una empleada de limpieza del edificio de oficinas del organismo nacional.
Fue tajante el magistrado e instó a la premura por atrapar a Rodolfo Antonio Barreto de 37 años. La decisión decantó tras la declaración de la víctima del presunto delito de “abuso sexual agravado por acceso carnal” en el juzgado de la avenida López Torres y calle Vicente Casares durante la mañana de ayer.
La joven relató todos los detalles que recordó y coincidió con su denuncia presentada en la Comisaría de la Mujer Centro de la Unidad Regional I, hace dos semanas, tal como adelantó en exclusiva PRIMERA EDICIÓN esta semana.
Fuentes consultadas apuntaron ayer que se pidió a la Policía intensificar las búsquedas con todos los recursos posibles ya que la presunción que el sospechoso haya abandonado la ciudad ya no sería tal, sino aún mayor porque los datos apuntan a que podría haberse profugado fuera de la provincia y el país. “Desaparecieron todas sus pertenencias, los últimos que lo vieron dijeron que hace cuatro días mudó todo del departamento que alquilaba sobre la avenida Lavalle y no dio ninguna dirección próxima”, remarcó uno de los investigadores.
En cuanto a la declaración de la empleada, los detalles que generen su revictimización este Diario evita publicarlos, sólo se puede resaltar que fue intimidada por sendas amenazas y violada con el uso de la fuerza del funcionario en su despacho en el edificio del PAMI de calle Salta 1774, entre Buenos Aires y Félix de Azara.
La precisión que dio la víctima fue concluyente para que se activen los pedidos de ubicar y atrapar al sospechoso identificado como un referente de campaña de La Cámpora y el Frente de Todos, que acompaña a la directora del PAMI, Marcela Irene Crechuska.
Cabe aclarar que el juez, también como fue adelantado por este Diario, rechazó ayer el pedido de eximición de prisión que presentó el abogado notificado de Barreto. La gravedad del delito y su estado actual de rebeldía al ser requerido así lo hacía prever.
Barreto de 37 años, desde el viernes 20 de agosto no fue vuelto a ver. Está acusado por su víctima como autor del delito contra la integridad sexual previsto por artículo 119 del Código Penal Argentino. Presuntamente acorraló a la muchacha que trabaja en una empresa tercerizada de limpieza y desinfección: “Dale, vamos a hacer un rapidito”, le habría dicho antes de proceder a utilizar la fuerza ante intento de la joven por escapar.
El episodio produjo reacciones traumáticas severas en la víctima el martes, ya que debió ser asistida por profesionales de la salud mental y clínicos generalistas al manifestar una crisis nerviosa profunda. Remarcaron las fuentes que no intentó quitarse la vida pero se necesitó reforzar la contención pertinente.
El sospechoso tendría antecedentes vinculados a delitos contra las personas, entre ellos una denuncia por “amenazas” a un compañero de trabajo y arrastra un episodio de “resistencia a la autoridad”. Estos registros se establecieron durante el 2020.
Otro detalle que llamó la atención ayer y recogió quejas en pasillos del PAMI en Posadas fue que el funcionario solicitó licencia la semana pasada por cinco días hábiles. Estos días comenzaron a correr el lunes 23 de agosto por lo que debería reintegrarse el próximo lunes 30 a sus funciones.
Esta licencia habría sido otorgada y firmada por la propia directora ejecutiva Marcela Crechuska, llamativamente cuando ya corría la orden de detención. Incluso el lunes pasado Barreto fue buscado por la Policía en la sede de calle Salta pero no informaron a los investigadores sobre la licencia.
La funcionaria mencionada en un comunicado de prensa que emitió el miércoles remarcó sobre el caso: “La dirección ejecutiva de PAMI Misiones el martes tomó conocimiento de la denuncia por abuso sexual contra uno de sus funcionarios jerárquicos”.
“Las y los directivos de PAMI Misiones manifiestan estar a entera disposición de la Justicia local para colaborar con los requerimientos de prueba que se soliciten (…) Además decidieron iniciar un sumario para determinar la veracidad de los hechos y establecer las sanciones administrativas”.
Crechuska también señaló: “Nos encontramos profundamente dolidos y conmocionados: queremos y necesitamos conocer la verdad y estamos dispuestos a ir a fondo (…) Estamos poniendo en marcha esquemas de contención y acompañamiento para las y los trabajadores que lo requieran”.
Fuente: primeraedicionweb