La resolución fue firmada en las últimas horas por el magistrado Alejandro Gallandat Luzuriaga, titular del Juzgado Federal de Oberá, pero interviniente en la cautelar por subrogancia legal.
En el fallo, de ocho páginas, el magistrado habilitó la feria judicial para tratar la cuestión y, basado en el dictamen de la fiscalía interviniente, decidió declararse incompetente al considerar que al tratarse de un litigio entre el Estado provincial y el Estado nacional la competencia es originaria y exclusiva del máximo órgano judicial del país, es decir, de la Corte.
La decisión se basa en los artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional, los cuales apuntan a preservar el federalismo y evitar conflictos de unión nacional.
En su dictamen, Gallandat Luzuriaga también mencionó que lo mismo ocurrió en la provincia de La Rioja, tras una presentación del Estado provincial para declarar la inconstitucionalidad del DNU del presidente Javier Milei que corrió la misma suerte ante la Justicia Federal de esa jurisdicción.
Según especialistas consultadas por La Voz de Misiones, la situación es diferente a lo registrado con la cautelar presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT), la cual sí tuvo el visto bueno de la Justicia Laboral, dado que en este caso no existe una disputa entre estados. Por eso mismo las demandas particulares, es decir, de empresas privadas podrían tener otra resolución teniendo en cuenta que no afectan los artículos 116 y 117 de la Constitución.
De esta manera, la cautelar del gobierno misionero deberá aguardar ahora una resolución por parte de la Corte, cuyos magistrados en el caso de La Rioja ya anticiparon que recién analizarán la cuestión en febrero, una vez culminada la feria judicial.
En su presentación, el gobierno liderado por Hugo Passalacqua solicitó dejar sin efecto determinados artículos del DNU, principalmente los que derogaban al Inym las facultados de intervenir en cuestiones de envasado de origen y fijación de precios de la yerba mate, como así también la modificación de Ley General de Sociedades, que alcanza a compañías de conformación mixta entre lo público y lo privado.
Fuentes consultadas por LVM explicaron que el DNU presidencial está vigente desde el 29 de diciembre pasado, aunque aún tiene efectos que no son aplicables, principalmente en lo referido a los puntos recurridos por Misiones.
En cuanto a la fijación de precios, las fuentes señalaron que la última fijación de precios se dio en octubre y la próxima estaba estipulada para marzo, ante lo cual todavía queda “una ventana” de tiempo para resolver en el medio, en tanto que respecto a las empresas el propio DNU otorga un plazo de 180 días para analizar caso por caso respecto a su futuro.
Fuente: LVM