El fiscal del juicio de Vialidad contra Cristina Kirchner, Diego Luciani, defendió este lunes las pruebas que presentó en el juicio y sostuvo que su alegato, donde pidió 12 años de prisión contra la vice, «se sostiene por sí mismo» y agregó que «no hay nada que replicar». El fiscal habló ante el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) y respondió las recusaciones de los acusados. Luciani rechazó los planteos de nulidad de las defensas, entre ellas la de la vicepresidenta, que apuntaron contra las nueve jornadas de alegatos y el pedido de condena formulado por los acusadores.
Dijo que los acusado quieren instalar un «clima de ilegalidad» al cuestionar las pruebas y dijo que están en el expediente desde 2018. Entre otras cuestiones se refirió a los mensajes de José López donde se mencionaba a Cristina Kirchner y que la defensa de le vice buscó cuestionar.
El fiscal consideró que los planteos de los abogados defensores y los de Cristina Kirchner “carecen de argumentos jurídicos novedosos” y que todos los planteos jurídicos sobre las acusaciones y las pruebas del caso “se encuentran respondidos a lo largo de los alegatos de esta fiscalía”.
“Estamos seguros de lo hecho a lo largo de estos tres años. No tenemos nada que contestar por la solidez de nuestros alegatos”, reforzó el representante del Ministerio Público Fiscal.
Luciani indicó que no responderá «las valoraciones de tinte político” y sostuvo que las pruebas eran firmes. «El alegato se sostiene en sí mismo, se mantiene incólume. Luego de tres años y medio de debate el Tribunal se encuentra en condiciones de resolver”.
El fiscal agregó que los planteos de las defensas “son superfluos” y añadió que “replicar los planteos sólo alargaría un procesos que debe concluir y debemos darle la máxima celeridad al proceso para que el Tribunal dicte el veredicto que corresponda”.
Incluso, Luciani sostuvo todos loas acusado tuvieron el derecho a defenderse. «No se puede decir que los imputados no pudieron defenderse. Hasta último momento ejercieron su derecho de defensa. Incluso aportaron pruebas sin permiso del tribunal», agregó.
En cuanto a los planteos de nulidad por la incorporación de prueba nueva -en relación a los mensajes de whatsapp del celular de José López-, el fiscal dijo que “las nulidades planteadas por las defensas de Lázaro Báez son inconsistentes, por eso intenta censurarnos porque sabe que no tienen razón y lo vamos a demostrar”.
Al respecto indicó que en este proceso “nunca avasalló ninguna garantía propia del proceso penal”. Entonces se ocupó de responder la queja del abogado de Báez que calificó el accionar de la fiscalía de “alevosa y grosera” al exponer los mensajes del celular del ex secretario de obras públicas.
“Estas pruebas se encuentran a disposición de todas las partes desde el año 2018, el defensor tuvo a su alcance la prueba hace más de tres años. Por eso el planteo carece de fundamento”, dijo en respuesta a Juan Villanueva defensor del empresario K.
La prueba cuestionada por las partes, dijo el Ministerio Público Fiscal, “está en el expediente desde 2018, para que vean que siempre fue transparente el accionar de esta fiscalía” y mostró un documento de dicha fecha cuando solicitó que se acceda a la causa que contiene el informe sobre el celular de López.
Al continuar con su argumento dijo “el 3 de septiembre de 2018 el Tribunal notificó a la defensa de Lázaro Báez a compulsar la prueba” ahora criticada. “Como Ministerio Público Fiscal ante esa notificación fuimos a la causa autorizada y ver las pruebas con la que nos encontramos y expusimos en este juicio, algo que el abogado de Báez también podría haber dicho” y respondió “se trata de trabajar por la verdad y es lo que hicimos y vamos a seguir haciendo hasta el final de este juicio”.
La cuenta regresiva para el único juicio que la vicepresidenta tiene en desarrollo por presunta corrupción, transita sus horas finales.
Antes de Luciani hablaron los representantes de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), el organismo del Gobierno que jugó a favor de la vicepresidenta en el último tramo del juicio retirándose de la querella.
Los planteos de nulidad, se fundaron -a criterio de los imputados- en la introducción de prueba nueva por parte del Ministerio Público Fiscal para formular los pedidos de condena. Criticaron en esta instancia el uso de los mensajes analizados del celular de José López, dispositivo que fue secuestrado cuando buscó ocultar bolsos con nueve millones de dólares en junio de 2016.
Uno de los aspectos más criticados por las defensas, fue lo que el fiscal denominó el “plan limpiar todo OK” en base al cual explicó cómo el gobierno de Cristina Kirchner contribuyó al cierre de Austral Construcciones, firma insignia de Lázaro Báez, en diciembre de 2015.
La imputación para los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola fue corroborada durante las más de 600 horas de debate oral. Por ese motivo para la vicepresidenta y para su ex socio comercial, solicitó una pena de doce años de prisión. A Cristina Kirchner la encontraron responsable de haber sido jefa de la asociación ilícita y de posibilitar a través de dicha organización delictual, una administración fraudulenta.
Fuente: Clarin