Para la oposición fue un trámite escandaloso. La mayoría oficialista que conforma la Auditoría General de la Nación (AGN) aprobó sin una discusión profunda los 10 contratos de compra de vacunas contra el coronavirus por parte del Estado argentino y dispuso que se mantuviera bajo secreto todas las actuaciones de los convenios.
En otras palabras, el Gobierno se negó a mostrar la letra chica de los acuerdos que el Estado suscribió con las compañías farmacéuticas y que alcanzan un total de U$S 1737 millones.
Los auditores de Juntos por el Cambio, en minoría, presentaron un dictamen de “rechazo total” al informe del oficialismo, que hizo pesar su mayoría y aprobó el documento sin que se pudiera discutir cuestiones tales como la elección de los laboratorios, los montos que se pagaron y la entrega de las vacunas, entre otras cuestiones.
“La decisión de declarar o transformar en reservada es, a mi juicio, infundada y perjudicial y yo podría citar a un destacadísimo cientista político italiano, Giovanni Sartori, que llama la atención sobre una de las principales promesas de la democracia es la transparencia que está siendo afectada por esta circunstancia”, manifestó el auditor de la oposición Jesús Rodríguez.
Para la oposición, compuesta por Miguel Ángel Pichetto, Alejandro Nieva y Jesús Rodríguez, el documento que suscribió el oficialismo “autolimita” el accionar de la AGN ya que no le permitió realizar un control exhaustivo de los convenios.
Fuentes de la oposición en este organismo de control le dijeron a TN que, a modo de ejemplo, el documento reservado que firmó el oficialismo no permite saber cuáles fueron los motivos por los que se tardó en firmar el contrato con Pfizer o cuál es el contenido de las cláusulas confidenciales que se firmaron.
En particular la oposición quería conocer la letra chica del convenio con AstraZeneca, el que tuvo diversos incumplimientos que afectaron la campaña de vacunación en la Argentina.
Por el contrario, el oficialismo utiliza como argumento las cláusulas de confidencialidad para justificar que el informe se mantenga en reserva. Aseguraron que esto podría generar demandas por parte de las farmacéuticas.