El escándalo de los seguros que estalló el domingo pasado, con la revelación de una matriz de negocios de la que participaron funcionarios y empresarios amigos del gobierno anterior, sumó en los últimos días detalles, nombres y ramificaciones inesperadas.
En cada oficina de la administración de Javier Milei está la orden de buscar pruebas y rastros de una red de intermediarios privados que cobraban comisiones por pólizas que brindaba Nación Seguros.
Las huellas de ese mecanismo, que llegó a ministerios, organismos públicos y Fuerzas Armadas y de Seguridad, empezaron a aparecer.
Esas ramificaciones fueron detectadas en el Ministerio de Seguridad y están siendo investigadas, también, en el Ministerio de Defensa, según documentación a la que accedió Infobae. Son novedades que salpican al último presidente y a un empresario que está casado con su secretaria principal, María Cantero. Como antes hizo con su pareja, Fabiola Yáñez, en medio del escándalo por la fiesta en Olivos, y de su amiga de la juventud y socia en el estudio jurídico, Marcelo Losardo, cuando el kirchnerismo presionó por su renuncia, Alberto Fernández se lavó las manos: “No pedí por nadie, y si mi secretaria lo hizo, se extralimitó”.
Lo cierto es que la investigación judicial de estas maniobras sospechosas la tiene el juez Julián Ercolini.
El magistrado, a quien Fernández varias veces maltrató en público, está a cargo de la causa que se inició por una denuncia cuyos principales acusados son el ex Presidente, a su viejo amigo y esposo de María Cantero, Héctor Martínez Sosa, al ex titular de Nación Seguros, Alberto Pagliano; y al broker Pablo Torres García, entre otros.
Son algunos de nombres que aparecieron en la nota que publicó Ricardo Roa en Clarín, el domingo pasado, que destapó una nueva “caja negra de la política”.
La matriz tiene una explicación larga y compleja y otra resumida y asible para el lego. El Gobierno ordenó por decreto que todas las reparticiones oficiales y dependencias de la administración central contraten sus coberturas con Nación Seguros. Allí estaba Pagliano, que acompañó a Fernández desde que, en los 90, fueron juntos a la Superintendencia de Seguros de la Nación, durante el gobierno de Carlos Menem, y luego armaron desde cero Provincia Seguros. Era un lado del mostrador, el del Estado. Y en el decreto que “creó” un mercado cautivo, se habilitó que participaran compañías privadas como productoras o coaseguradoras. Allí aparecen empresarios como Martínez Sosa, a quien Fernández también conoce desde los 90 y con quien tiene tanta familiaridad como para deberle por año 20 mil dólares. El otro lado del mostrador, el de los privados. Y, en el medio, el cobro de comisiones permanentes y multimillonarias.
En todo esto hay otra novedad. Este fin de semana se confirmó que Ercolini también fue designado por sorteo para seguir otra denuncia, que Infobae anticipó el jueves. Es la que presentó el gobierno de Javier Milei contra el ex director operativo del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) de la Anses, Federico D’Angelo Campos. A ese ex funcionario nacional y actual concejal de Unión por la Patria lo acusó el Gobierno de perjudicar al Estado al haber permitido, presuntamente, la aplicación de “comisiones y costos de intermediación en pólizas de seguro contratadas en Nación Seguros”.