El Gobierno y los bloques de oposición dialoguista alcanzaron esta tarde un acuerdo para darle punto final, tras seis meses de debate, al trámite para sancionar los proyectos de Ley de Bases y de reformas fiscales. Ese acuerdo consiste, en términos generales, en que la Cámara de Diputados aceptará las modificaciones que introdujo el Senado al proyecto de Ley Bases pero insistirá en restituir el impuesto a las Ganancias y el régimen de Bienes Personales tal como se votó en la media sanción original del paquete fiscal.
Este acuerdo, que se tradujo en sendos dictámenes de mayoría, se cristalizó durante una reunión entre el vicejefe de Gabinete, José Rolandi; la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzabal Murphy, y los representantes de los bloques de Pro, la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal. La intención del oficialismo es llevarlos al recinto de la Cámara baja pasado mañana, a las 12.
El dictamen de reformas fiscales obtuvo 27 firmas en la Comisión de Presupuesto, de las cuales cuatro fueron en disidencia. Esos reparos tienen que ver, sobre todo, con la restitución del impuesto a las Ganancias a la cuarta categoría, que impactará en los sueldos a partir de $1,8 millones (solteros) y de $2,2 millones (casados con dos hijos). Este capítulo había sido rechazado por el Senado y su reposición, advirtieron desde el kirchnerismo, será causal de judicialización.
Ante la perspectiva de una votación demasiado ajustada en el recinto, el oficialismo encendió las alarmas y busca disuadir a quienes todavía tienen reparos en votar por segunda vez este impuesto por su costo político. Al menos cuatro diputados radicales que votaron en contra revisarían su posición; otros se abstendrán y no faltarán quienes se ausenten del recinto discretamente para garantizar su aprobación.
Tras su paso por el Senado, que incorporó modificaciones a ambos proyectos, los textos retornaron para su trámite final a la Cámara de Diputados. Aquí los legisladores tienen dos opciones: aceptar los cambios incluidos por la Cámara revisora o bien insistir con los textos que votaron en abril pasado.
Sobre el proyecto de Ley de Bases, el oficialismo y los bloques dialoguistas acordaron aceptar las modificaciones incorporadas por los senadores. El dictamen obtuvo 66 firmas, también con disidencias. Los bloques de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda no firmaron, como tampoco la socialista Mónica Fein.
Entre los cambios más significativos figura la exclusión de Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina (RTA) de la nómina de empresas a ser privatizadas. Esta decisión, sin embargo, no fue fácil de tomar. El Gobierno pretendía que la Cámara de Diputados insistiera en la privatización de estas tres compañías, pero debió desistir cuando el bloque Hacemos Coalición Federal, con una veintena de legisladores comandados por Miguel Pichetto, advirtió que esa jugada podía costarle la judicialización de toda la Ley Bases por parte del kirchnerismo.
El diputado Nicolás Massot replicó este argumento en la comisión: sostuvo que la Cámara de Diputados no tiene facultades para insistir en la privatización de estas tres empresas porque el oficialismo del Senado decidió retirarlo del tratamiento antes de la votación en general.
“Fueron excluidas [durante el debate en el Senado] por el propio gobierno de Javier Milei de la nómina de empresas a ser privatizadas: esto formó parte de un acuerdo para alcanzar el quorum en el Senado. Nosotros reivindicamos el valor de los acuerdos”, sostuvo Massot.
La bancada de Pro, sin embargo, se expresó a favor de privatizar estas tres empresas y, por ello, firmó en disidencia el dictamen. “El kirchnerismo fue el responsable de la estatización antijurídica y gravosa de Aerolíneas que lleva acumulado 7500 millones de dólares de pérdida”, asestó Silvana Giudici.