La decisión del Gobierno de no acatar el fallo de la Corte Suprema que ordena restituirle fondos a la ciudad de Buenos Aires abrió, para especialistas en derecho constitucional, un grave choque entre dos poderes del Estado. La medida expone, según su mirada, al presidente Alberto Fernández.
El abogado Daniel Sabsay cuestionó que se ponga “en cuestión el cumplimiento o no de un fallo de la Corte”, una decisión que representa, según su opinión, el “incumplimiento” mismo de la Constitución y, en consecuencia, la “destrucción” de la República.
“[Alberto Fernández] desde el punto de vista del derecho penal es como un delincuente porque está claramente cometiendo delitos de desobediencia, abuso de los deberes de funcionario público y otros delitos que se suman, y que hacen de él un reo”, opinó Sabsay en declaraciones a LN+.
Sabsay tomó distancia de quienes sostienen que el mandatario comete delito de sedición -como la oposición-, aunque recalcó que “se expone a una situación realmente inédita”. No obstante, rechazó la estrategia del Gobierno recusar a los cuatro miembros del máximo tribunal.
“Esto no es una recusación. La recusación ocurre antes de que se dicte el fallo y es el tribunal que decide, si da lugar o no. Acá ya hubo fallo, lo que hay es desobediencia”, amplió Sabsay.
El abogado se refirió al planteo de la Ciudad y aseguró que su reclamo “no perjudica” a ninguna provincia, dado que surge del “reparto primario” entre la Nación y el gobierno porteño. En ese sentido, remarcó que, al tratarse de una cuestión de coparticipación, requiere de la “bilateralidad” y el acuerdo “de ambos”.
En esa línea, Sabsay cuestionó el decreto y la ley 27.606 -que dispuso el recorte de 3,5% a 1,4% al gobierno porteño- y afirmó que fue “absolutamente inconstitucional”, porque desconoció “el carácter de entidad territorial federada” de la ciudad de Buenos Aires.
El abogado Diego Armesto se expresó en un sentido similar. “Lo que está sucediendo es que uno de los poderes del Estado desconoce el cumplimiento que tiene que llevar a cabo de una sentencia que está firme”, analizó en declaraciones a LN+.
Armesto inscribió la medida del Gobierno como un “atentado contra el orden democrático”, según lo previsto en el artículo 36 de la Constitución citando al jurista Germán Bidart Campos, especialista en “delitos constitucionales”. “Uno de ellos es cuando uno no acata los poderes constituidos”, expresó.
“Esto es una serie concatenada de desconocimientos de los fallos de la Corte Suprema. Si nos vamos una semanas atrás, el Senado no cumplió el fallo con respecto a Luis Juez”, recordó el abogado en alusión al conflicto abierto en relación al Consejo de la Magistratura.
A su vez, cuestionó en duros términos la decisión de recusar a los jueces. “Es una paparruchada, lo hacen porque creen que van a ganar tiempo para no cumplir”, indicó.
Por su parte, Roberto Gargarella asoció la ofensiva del Gobierno con el problema judicial de Cristina Kirchner y opinó que se trata de “un intento de aprovechar la volteada para pisar el acelerador contra el sistema judicial” ante las causas de la vicepresidenta.