Los fondos Palladian Partners L.P., HBK Master Fund L.P., Hirsh Group LLC y Virtual Emerald International Limited demandaron a la Argentina en 2019, solicitando una indemnización de hasta 643 millones de euros (704 millones de dólares).
El juez Simon Picken falló a favor de los cuatro fondos el miércoles, diciendo en un fallo escrito que Argentina debe pagar 643 millones de euros más intereses.
El juez también dictaminó que Argentina debía pagar unos 1.330 millones de euros en relación con todos los valores vinculados al PIB, de los que los cuatro fondos poseen aproximadamente el 48%.
En 2005, el entonces ministro de Economía, Roberto Lavagna, y su secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen (hoy embajador argentino en Arabia Saudita), presentaron una oferta para canjear los títulos en default de 2001 y propusieron como “endulzante” –como se dice en la jerga financiera– un cupón atado a la evolución del PBI, que pagaba si el país crecía por arriba del 3% del producto (exigía un nivel de crecimiento mayor en los primeros años y después descendía al 3%).
En 2014, Axel Kicillof, actual gobernador de Buenos Aires y ministro de Economía en ese entonces, anunció un cambio en la base de cálculo del PBI, lo que en la práctica reducía los números de crecimiento del país de 2013. Con este cambio, el país no llegaba a crecer por arriba del 3,26% como establecía el cupón para ese año.
Cuando se lanzaron los cupones, en 2005, el Indec tomaba 1993 como año base de cálculo para ir informando el crecimiento de la economía. Pero el año base cambió a 2004 en 2013, en un intento del gobierno de Cristina Kirchner de subsanar una serie estadística que era poco creíble, luego de que, en 2007, se intervino el Indec de la mano de Guillermo Moreno. Desde entonces, además, el Indec dejó de publicar la serie original con base en 1993.
La jueza Loretta Preska, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, falló a favor de los fondos de inversión Burford Capital y Eton Park, y en contra de la Argentina, en una demanda por la expropiación de la petrolera YPF.
Ambos grupos reclamaban que -al momento de la estatización del 51% de la empresa en 2012- el país tendría que haber hecho una oferta de adquisición por toda la empresa (como fijaba el estatuto) y no sólo por una parte.
Ahora, la Argentina tendrá dos instancias de apelación de la decisión de la magistrada estadounidense, pero para hacerlo deberá presentar una garantía.
Buford había comenzado el juicio contra la Argentina y contra YPF en 2015, en nombre de la quiebra de Petersen Energía, ya que había comprado la quiebra de esa empresa, que era accionista de la petrolera cuando fue la expropiación.
Preska dictaminó que la Argentina es responsable, pero accedió a la petición de YPF de desestimar los reclamos en su contra.
La jueza también denegó la solicitud de los fondos de fijar la indemnización por daños y perjuicios que deberá pagar la Argentina -y que se calcula entre US$ 7.000 y 18.000 millones– y dijo que el monto deberá fijarse en un nuevo juicio por daños.
Y agrega que los demandantes tienen tanto el derecho a reclamar daños y perjuicios como a elegir la indemnización por daños y perjuicios como su remedio en lugar del cumplimiento específico (es decir, que el país efectivamente lance una oferta por toda YPF).
Además, dice que la medida apropiada de esa compensación es el precio de la oferta pública de adquisición que Argentina tendría que haber hecho si hubiera cumplido con los estatutos.
Sin embargo, aclara que le resulta imposible fijar el monto porque no puede precisar la fecha exacta en que se activó la obligación de Argentina de lanzar la oferta.
“Es un fallo positivo para YPF porque la jueza reconoce que la compañía no tenía responsabilidad y no es garante del Estado nacional, así que sus activos están fuera de riesgo. Por otro lado, hay que destacar que no se hace lugar a todos los pedidos de los demandantes” (como que se fije el valor de la compensación), indicaron acerca de la petrolera?
Fuente: Seprin