El Ministerio de Capital Humano comenzará esta semana a licitar la compra de alimentos “destinados a mitigar las demandas de la población en situación de vulnerabilidad”.
Será a través de dos convenios que ya firmó con Naciones Unidas, por $20 mil millones: uno con el proyecto PNUD ARG 20/004 y otro con la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI).
De esta manera el Gobierno de Javier Milei dejó atrás las “metodologías grises” que utilizaba la administración de Alberto Fernández para realizar este tipo de compras y quitó la intermediación de los dirigentes sociales y piqueteros. Fuentes oficiales también destacaron que se dará una “mayor transparencia en el proceso administrativo y de entrega de los productos a los sectores más necesitados”.
El viernes, ante la Asamblea Legislativa, Javier Milei cuestionó en duros términos a la gestión del por entonces Ministerio de Desarrollo Social: “Absorbimos funciones que realizaban en forma no auditada, sin registro y sin control, las organizaciones sociales como la entrega de alimentos. Ahora sabemos exactamente qué pasa con cada bolso de comida que se reparte”, expresó.
Sus palabras estaban basadas en una auditoría interna realizada por la cartera que conduce Sandra Pettovello -que publicó este medio- en la cual sobresalen sobreprecios de hasta un 500%; cartelización en las compras; direccionamiento hacia empresas y sociedades; y “falta de trazabilidad” en el destino de los alimentos que salían de los depósitos del ex Ministerio de Desarrollo Social hacia las organizaciones sociales que forman parte de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y piqueteros de izquierda.
El 80% de esos despachos “no fueron rendidos”. Eso no quiere decir que no hayan llegado a destino, sino que no existe constancia a qué comedores fueron ni a cuántas personas asistieron.
La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) también detectó falta de trasparencia en la distribución de los alimentos y reclamó más “controles”, algo que, según esos dictámenes, la administración anterior “no implementó”.